La Procuración General de la Nación emitió un dictamen que podría resultar determinante en la disputa jurisdiccional vinculada a las investigaciones que tienen como protagonista al ex senador nacional Edgardo Kueider. El organismo consideró que debe rechazarse el planteo de inhibitoria formulado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro y sostuvo que la Justicia entrerriana puede continuar investigando el presunto enriquecimiento ilícito del ex legislador.
La opinión fue firmada el 28 de mayo y remitida a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá resolver el conflicto positivo de competencia suscitado entre la magistrada federal de San Isidro y el Juzgado de Garantías N° 2 de Concordia.
La controversia se originó a partir de una denuncia presentada por el periodista Christian Sanz, que vinculó a Kueider con presuntas maniobras de corrupción investigadas en el denominado caso Securitas. Según surge del dictamen, la denuncia señalaba que el entonces senador habría incrementado considerablemente su patrimonio y que sería propietario de la mitad de las acciones de la firma Betail SA, empresa vinculada a la adquisición de departamentos y cocheras en Paraná.
La investigación federal tomó relevancia por la conexión con la causa Securitas, expediente en el que se analiza el presunto pago de sobornos por parte de la empresa de seguridad privada a funcionarios y organismos públicos para obtener contratos. Entre los organismos alcanzados por esa pesquisa figura Enersa, donde Kueider se desempeñó como representante de la provincia con derecho a voto.
El planteo de San Isidro
La jueza federal de San Isidro había solicitado que la Justicia entrerriana se abstuviera de avanzar sobre el período comprendido entre 2015 y 2019 en la investigación por enriquecimiento ilícito. Argumentó que los movimientos patrimoniales de Kueider podrían estar relacionados con los hechos investigados en Securitas y que existía riesgo de una doble persecución penal.
La magistrada sostuvo además que la pesquisa federal apuntaba a determinar si el incremento patrimonial podía derivar de delitos como cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de deberes de funcionario público o lavado de activos.
Sin embargo, tanto el juez de Garantías de Concordia como la Cámara de Apelaciones provincial rechazaron la inhibitoria. Los magistrados entendieron que el presunto enriquecimiento ilícito atribuido a Kueider durante su desempeño en cargos provinciales constituye materia de competencia local y que no existía identidad entre los hechos investigados en ambos expedientes.
La postura de la Procuración
En su análisis, la Procuración General consideró que el pedido de la Justicia federal resulta prematuro. Destacó que la investigación entrerriana se encuentra en una etapa inicial y busca determinar si Kueider incrementó injustificadamente su patrimonio entre 1999 y 2019, período que abarca distintos cargos públicos desempeñados en la provincia y en el ámbito municipal.
El dictamen remarcó que un aumento patrimonial puede tener múltiples causas y que no corresponde limitar anticipadamente el alcance de la pesquisa provincial. También señaló que la figura de enriquecimiento ilícito no requiere necesariamente acreditar un delito previo específico y que, justamente por ello, la investigación debe desarrollarse con amplitud para determinar el origen de los bienes cuestionados.
La Procuración advirtió además que la hipótesis de la Justicia federal deja de lado la posibilidad de que durante el mismo período pudieran haberse producido otros hechos penalmente relevantes ajenos a la trama investigada en Securitas.
La preocupación por el doble juzgamiento
Si bien reconoció que la inquietud planteada por la jueza federal respecto de una eventual doble persecución penal es atendible, el Ministerio Público entendió que la inhibitoria no constituye la herramienta procesal adecuada para resolver esa cuestión en esta etapa.
Por el contrario, sostuvo que será responsabilidad del juez entrerriano evitar eventuales superposiciones futuras y verificar, a medida que avance la investigación, si existe identidad de hecho, persona y causa que pudiera afectar el principio de “non bis in idem”.
Con esos argumentos, la Procuración General concluyó que el planteo formulado por el Juzgado Federal N° 1 de San Isidro debe ser rechazado. Ahora será la Corte Suprema la que tendrá la última palabra sobre la disputa de competencia entre ambos fueros.
El contexto del caso Kueider
La resolución se conoce mientras el ex senador continúa siendo objeto de diversas investigaciones judiciales. El expediente por enriquecimiento ilícito tramita en Entre Ríos a partir de denuncias vinculadas a la evolución de su patrimonio durante más de dos décadas de desempeño en funciones públicas. Paralelamente, la Justicia Federal investiga su posible vinculación con la trama de corrupción revelada en el caso Securitas, una de las causas de presuntos sobornos empresariales más importantes de los últimos años.
El dictamen de la Procuración no resuelve el fondo de las acusaciones, pero representa un respaldo significativo a la continuidad de la investigación que se desarrolla en los tribunales entrerrianos.
