El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, analizó en “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), distintos aspectos de la realidad policial, judicial y penitenciaria de la provincia. La investigación por las amenazas que lo tuvo como destinatario, el procesamiento y detención del comisario Daniel Rosatelli, la lucha contra el narcotráfico y la situación de las cárceles ocuparon buena parte de la entrevista que realizó Daniel Enz.
Sobre las amenazas que también involucraron al juez federal Leandro Ríos y al fiscal federal José Ignacio Candioti, Roncaglia señaló que existen tres causas en trámite y que se están analizando teléfonos y otras pruebas. Según explicó, el fiscal federal Pedro Rebollo le anticipó que podían producirse novedades y nuevas medidas en los próximos días.
Uno de los capítulos más sensibles estuvo relacionado con Daniel Alejandro Rosatelli, el comisario y abogado de la Policía de Entre Ríos, actualmente detenido por orden de la Justicia Federal. Roncaglia sostuvo que, ante una investigación judicial, la función del Ejecutivo debía ser permitir que la Justicia actuara. “Si un juez Federal ordena la detención de una persona, además de un funcionario, de un comisario en actividad, abogado, es porque tenía las pruebas suficientes”, concluyó.
El ministro vinculó la causa con una investigación por el traslado de 1.300 kilos de marihuana y rechazó que la detención estuviera relacionada con una denuncia sobre el sistema de policía adicional. También remarcó que, si surgieran más efectivos involucrados, el Gobierno respaldaría la investigación: “Si hay más personal policial involucrado los queremos presos”. En ese contexto, sintetizó su posición con una frase: “Por sobre la ley no hay nadie. La ley está por sobre todos”.
La situación penitenciaria también expuso una de las principales dificultades de la gestión. Roncaglia reconoció que una unidad preparada para 700 internos alojaba alrededor de 1.100 y admitió que existe “una súper población importante en todas las unidades penales”. También explicó las condiciones especiales de alojamiento para Sergio Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, tras el cumplimiento de la orden judicial que dispuso su detención.
Finalmente, abordó la implementación del nuevo régimen penal juvenil y reconoció que el Servicio Penitenciario “no está preparado hoy por hoy” para recibir a menores entre 14 y 16 años. Según explicó, se trabajará con el Copnaf para disponer de un espacio específico, con personal especializado y sin contacto directo de los menores por parte de los funcionarios penitenciarios.
La entrevista con Daniel Enz también permitió conocer las políticas de control sobre el consumo de sustancias dentro de la Policía y las acciones de acompañamiento en materia de salud mental. Roncaglia sostuvo que existen controles toxicológicos aleatorios y que, ante casos de consumo, se prioriza inicialmente el tratamiento, aunque la reiteración puede derivar en la exoneración.
-Usted viene de situaciones complejas en los últimos meses. Por un lado, una amenaza concreta en un plan criminal para asesinarlo a usted, al juez Federal Leandro Ríos y al fiscal Federal José Ignacio Candioti. ¿Sabe cómo avanzó esa causa? ¿Se pudo avanzar realmente?
-Lo que pasa es que coincidió con (Leonardo) Airaldi, el condenado (por narcotráfico) Airaldi con 12 años de prisión, estaba involucrado en esta amenaza. Era el sindicado como el eventual autor de estas amenazas y eventual atentado que no se concretó. Entonces, creo que un poco quedó paralizada esa investigación, la tiene el fiscal Pedro Rebollo, recientemente nombrado de manera efectiva como fiscal de Gualeguaychú y con el doctor (Hernán) Viri (juez Federal) en Gualeguaychú. Hay tres causas en trámite. En los próximos días se estarán analizando los teléfonos, se está haciendo un análisis de la prueba. En el próximo día, según me dijo el fiscal, va a haber novedades.
-La respuesta entonces a la pregunta es que se avanzó.
-Se avanzó.
-Se generaron tres causas y puede haber novedades.
-Y van a disponer medidas. Hay varias personas investigadas, no solamente Airaldi. Pero, bueno, no voy a entrar en detalle.
-Todas esas personas de Entre Ríos o fuera de la provincia.
-De Entre Ríos, sí. El fiscal Rebollo es un fiscal muy activo, muy activo. El doctor Viri también, es el juez federal. Pero, la causa la está impulsando él (por Rebollo), justamente lo acompañamos en la jura, fuimos con el gobernador. Y, justamente, hablamos del trámite de esta causa y va a disponer medidas junto con el juez en los próximos días.
-Por el otro, está preso un comisario y abogado de la Fuerza, como Daniel Alejandro Rosatelli, hijo de un exsubjefe de Policía por 10 años, como Juan Ramón Rosatelli, oriundo de Chajarí como usted y con quien usted tenía buena relación, según entendemos. Hablamos del padre de Daniel Alejandro. ¿Cuán difíciles son estas situaciones para usted? ¿Y cómo vivió toda esta situación?
-A ver… insisto… no es una situación difícil.
-Es el primer comisario que tiene preso.
-Ha habido otros. Pero, en nuestra gestión fue el primero. En actividad. Y, justamente, por el conocimiento con el padre Juan Ramón, a quien conozco e interactuado y he hablado con él varias veces. Pero, bueno, cuando alguien decide participar, hay una sospecha que participó de un delito. Una investigación que hizo el juez Federal (Leandro) Ríos. Un juez -desde mi opinión- muy serio en las investigaciones. Cuando ordenó la detención de él, yo sostuve: si un juez Federal ordena la detención de una persona, además de un funcionario, de un comisario en actividad, abogado, es porque tenía las pruebas suficientes. En un momento, en los inicios, ustedes saben que también hay una investigación sobre el 911, sobre el manejo de policía adicional, la denuncia que se hace. Están los fiscales Anticorrupción que están investigando y nosotros estamos apoyando… queremos claridad para brindar todo el apoyo posible desde la Policía. Aparentemente, la denuncia la hace el doctor Rosatelli en su momento, acompañando a varios policías, imputando a los jefes en un desmanejo del ingreso de policía adicional, a raíz de un decreto del año 2019. Sugestivamente, dice que el desmanejo es el 2425. Pero, insisto, el decreto que los habilita a ser policía adicional estando de servicio en un decreto del año 2019. Pienso que los fiscales van a ir para atrás también y no solamente se van a enfocar…
-O sea, el primer gobierno de Gustavo Bordet.
-No se van a enfocar en solamente en estos dos años. Esa denuncia aparentemente estuvo el doctor Rosatelli. Cuando él fue detenido insinuó que podía ser una consecuencia de… y muy alejado de la realidad.
-Es otra cosa.
-Es otra cosa. Primero, un procedimiento que hizo la Policía de Entre Ríos, donde se secuestran 1.300 kilos de marihuana en el Norte con Corrientes, en el Paso del río Guayquiraró. Procedimiento que hace la Policía Rural en una camioneta. Esa investigación, la intervención la hace la Policía Rural, Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos. El juez ordena que se siga investigando. ¿En qué se enfocaron? La procedencia de la camioneta, más allá del secuestro y unos detenidos que había. Entonces, ahí se profundiza y aparece unas circunstancias extrañas alrededor de esa camioneta que utilizaron para el traslado de la droga. Aparentemente. la droga vino por Corrientes, la pasan en una canoa en el río y la suben a esta camioneta que circula por la Ruta 1, en los caminos vecinales cerca de San Gustavo (Departamento La Paz). Cuando se tira de la piola en cuanto a la identificación de esta camioneta. aparece el nombre del comisario Rosatelli, como con otras personas donde compran esta camioneta. Y se avanza en esa investigación. Yo no participo, obviamente, como Poder Ejecutivo en la investigación. Pero, sí lo hace la Policía. Me estaban informando de la investigación, así tangencialmente. Pero qué quiero aclarar, que no fue en el marco del 911, porque se insinuó con eso y hubo mucha bronca. Incluso también el padre estaba muy enojado. Obviamente, uno defiende a sus hijos… el padre es padre siempre y los hijos son para siempre. Pero, acá hay un juez Federal que ordenó el procesamiento, no solamente del señor Rosanteli, sino de cuatro o cinco personas más, que están ahora, creo que están en apelación, o va a analizar la Cámara si el procesamiento estuvo bien dictado. Yo estuve leyéndolo, me interesa leer cómo investiga el juez, sobre todo, y hay suficiente prueba para la imputación que le hizo desde mi punto de vista ¿no?
-Además, usted lo conoce bien al juez Federal desde el gobierno de Mauricio Macri.
-Lo conozco. Hemos hecho investigaciones juntos. Lo conozco bien o sea y sé que es serio en cuanto a la investigación. Por eso, cuando me dijeron que ordenaron la detención, que no lo hizo la Policía de la provincia y con buen criterio lo hizo la Policía Federal a las detenciones. Yo digo, si ordenaron las detenciones es porque tienen muchas pruebas. Y eso se leyó en el auto de procesamiento que dictó después a los 15 días, creo… pero, bueno… No es difícil la situación porque acá nosotros tenemos que poner el pecho. Y como digo, si alguien decide cometer un delito, a mí no me interesa quién es el actor, es el hecho en sí y si un juez investiga y ordena una detención hay que dar cumplimiento y que actúe la Justicia. Hoy está actuando la Justicia. La Policía es un auxiliar de la Justicia, acerca las pruebas, investiga. De hecho, la investigación no terminó.
-Claro, sigue.
-Sigue y es más complejo que lo que estoy narrando, les puedo asegurar. Pero, yo les digo al juez que vaya hasta las últimas consecuencias. Nosotros vamos a apoyar. Si hay más personal policial involucrado los queremos presos. O sea, como hablamos con el jefe de Policía en cuanto a esta investigación que hay de los fondos de la policía adicional. Mire, acá no encubrimos a nadie. Nosotros estamos esperando.
-Caiga quien caiga.
-Yo suelo usar una frase: “Por sobre la ley no hay nadie2. La ley está por sobre todos.
-Usted lo mencionó a Juan Ramón Rosatelli. ¿Lo llamó como para pedirle alguna explicación o solicitarle algún trato especial para con su hijo?
-No, para nada. No me llamó.
-Podría haberlo hecho porque se conocen desde hace mucho tiempo.
-Yo tenía intercambiado con él, de hecho. En la campaña por Rogelio (Frigerio), he hablado con él. Yo estaba hablando con muchos políticos.
-Siempre él habló muy bien de usted.
-Yo tuve entrevistas con varios. Eso no significa que estoy, no sé, que les voy a creer todo lo que me están diciendo. Simplemente, estaba escuchando distintas voces y eso no te da derecho a que vos quieras avanzar sobre mí o hacer, no sé, lograr beneficios especiales, ¿no? Yo estaba charlando con exfuncionarios, viendo cómo funcionaba la Policía, interiorizándome sobre el rol de la Policía que me interesaba en ese momento y estuve reunido con él. También estuve reunido con Daniel Rosatelli en un momento hablando, junto con el que era jefe de la Departamental. No lo voy a negar. Hablé con mucha gente y también hablé con ellos. Pero, eso no significa que te voy a dar un aval y que vos puedas delinquir. Si vos decides delinquir o cometer un delito, es tu problema y tienes que responder frente a la Justicia. Yo no voy a avalar eso bajo ningún punto de vista. Y si ellos pensaron que una reunión conmigo, una conversación conmigo, tenían el aval de un futuro ministro están equivocados. Entonces, el papá de Rosatelli no me llamó. Sé que estaba preocupado, enojado por el contexto; pero creo que estaba mal informado porque a él le dijeron que fue “un vuelto” por el 911. ¡Y no, señor! ¡No fue así!
-Cuánto se habla esto con los cuadros superiores o los intermedios. Situaciones así, donde puede aparecer un alto oficial vinculado a movimientos del narcotráfico o donde pueden verse comprometidos por negocios con la misma gente que se debe combatir. Porque imaginamos que noticias como esas deben provocar un impacto interno. Porque, además, nunca se sabe si aparecerá un solo oficial en una causa compleja o pueden aparecer otros policías. Usted bien lo acaba de plantear: puede haber algunas otras sorpresas.
-Yo, con quien estoy permanentemente hablando es con el jefe y el subjefe de la Policía, principalmente, con el jefe de la Policía. Es una cuestión normal, digamos, todos los días, a cualquier hora. Los dos somos bastante intensos, pero… bueno… la gestión, cuando uno asume una responsabilidad, hay que asumirla y cumplirla. Por supuesto, que se habla, esto es un cimbronazo. Rosatelli tiene como portación de apellido. La trayectoria de su padre durante 10 años, con (Héctor) Massuh; su hermano es comisario mayor también, es jefe de la Departamental de Concordia, que es una de las Departamentales que más resultados…
-Y es un jefe muy respetado.
-Exacto. Y aparece este comisario Daniel Rosatelli en esta situación. Por supuesto, es un cimbronazo porque él también es abogado y defendía a muchos policías que estaban en problemas judiciales. Logró algunos buenos resultados. Por supuesto, que esto genera un cimbronazo internamente en la Policía. Pero, con lo que hemos hablado todo el mundo coincidió y dice bueno: tiene que responder frente a la Justicia. O sea, ser Policía, tener un uniforme, tener un arma, no hay que tener carta blanca para hacer lo que uno quiere. Muy por el contrario. Permanentemente hay que rendir cuentas frente a la sociedad y más en un tema complejo. O sea, donde él aparece comercializando con tres o cuatro personas más, comprando una camioneta que después termina cargada con 1.300 kilos de marihuana… no con un porro o 10 gramos, ¡1.300 kilos! que lo tenemos secuestrado en un búnker. ¡Es muchísimo! Esa camioneta… donde en la transacción aparecen varias personas y él en el medio. Y después, hay un hecho de violencia grave, donde lastiman a una persona que es imputado él de estas lesiones, gravísimas lesiones. Entonces. eso no lo podemos soslayar y decir: bueno, che, no, es el hijo de Rosatelli o es reconocido, es abogado. ¡No! Él tiene que responder como cualquiera, por eso está preso por orden de la Justicia Federal. Entonces, por supuesto, ya pasó al servicio pasivo, hay un sumario administrativo en curso. Esto no significa que sea, digamos, porque rige el principio de inocencia, más allá de un procesamiento. Pero, un procesamiento implica que hay pruebas suficientes para someter a juicio a una persona o a varios. Eventualmente, si la Cámara avala el procesamiento, va a ir un derrotero donde va a terminar en un juicio oral y público, ¿no? Acá en el Tribunal Oral de Paraná. Pero, bueno, lo concreto es que está el acto de la justicia y nosotros permitimos y avalamos la actuación de la Justicia.
-El exgobernador Sergio Urribarri está preso en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú. Todos los informes que se han conocido en los últimos días hablan de que ahora está en un lugar digno de detención, sin problemas. Pero, qué fue lo que pasó al principio que lo ubicaron rodeado de homicidas y violadores. O sea, ¿usted podía dormir tranquilo en esas noches?
– No era tan así. Pero, bueno.
-Cómo que no. Estaba al lado de Siboldi, quien tiene tres víctimas.
-Sí, bueno, Siboldi pobre ya está, me dijeron que apenas puede caminar.
-Pero, puede levantar el brazo…
-No. Pero, la referencia que tengo es… igual ahí hay cámaras las 24 horas, son la parte de la Unidad Penal más controlada por cámaras.
– ¿Es donde está ahora?
-Todo ese sector tiene todo cámaras, incluso dentro de las mismas celdas, menos en el baño.
-Pero hay un agente penitenciario a 50 metros, salvo que sea campeón mundial de 100 metros… ante una situación cómo hace.
-En un principio es un sector donde iba a funcionar un hospital, en la época de la pandemia. Son todas celdas. Hoy son celdas, pero antes eran lugares de alojamiento de enfermos y se transformó en celdas para, justamente, personas mayores de 65 años, Algunos internos conflictivos, pero controlables. Tiene dos alas y en un principio se los alojó junto con ellos, pero no juntos, sino cada cual tenía su celda. Y llamó la atención, digamos, estas personas condenadas que están ahí. Bueno, hay tres que están condenados por abusos de menores, hay un violador, este autor de los tres homicidios. Pero, bueno, esto no es un hotel, es una cárcel, se convive con delincuentes, condenados. Eso hizo ruido, pero ahora se habilitó otro sector donde están los tres separados. Estuvo el Comité de Prevención de la Tortura haciendo un estudio también carcelario. Fue allá, fueron a ver dónde están alojados. Les generaron un informe para la (jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná, Cecilia) Bértora para que pueda decidir sobre su situación. En un principio estuvieron acá en Paraná. Acá el lugar, digamos, es bastante complejo. Es un lugar para alojar 700 internos y tenemos 1.100. Tenemos una súper población importante en todas las unidades penales. Estamos trabajando con el gobernador para ver si le encontramos la vuelta para ampliar. En principio estamos ampliando Federal, pero vamos a ampliar Gualeguaychú. Pero, bueno, hoy tenemos a los 3 internos: el exgobernador detenido ahí en la Unidad 9.
-Estamos viendo esta primera foto que se conoce. De izquierda a derecha, está Báez, Aguilera y Uribarri. Pero, es cuando estaban en la Unidad Penal 1. Es la primera imagen que se conoce de los tres.
-Ahí qué pasaba: es un lugar donde es para alojamiento de algunos internos que tienen conductas, digamos, especiales, agresivos, tienen que estar solos. Está separado, pero al estar abierto arriba del techo. Los pabellones de los internos saben que ellos están ahí, entonces le gritaban cosas, le tiraban piedras. Por eso, un poco se decidió sugerir el traslado, porque en este contexto la Unidad Penal El Potrero es adecuado, no está dentro de la ciudad, está más alejado, tiene mejores condiciones.
-Pero qué pasó: los sorprendió la decisión de la Corte Suprema, porque esa decisión también fue sorpresiva. Ustedes con mucho esperaban para fin de año o principio del año próximo y la Corte resolvió y esa decisión un poco los desbordó.
-No, porque ya los tuvimos…
-Pero, ese lugar no estaba libre.
-Claro, porque se está haciendo un lugar de salida nuevo, era un cuarto con un baño.
– ¿Hubiera sido lo más fácil para ustedes que retornara a dónde estaban?
-Hubiera sido lo ideal ahí. Porque estaban aislados. Hoy está en construcción un lugar, un sistema de sanidad en ese lugar. Entonces, el lugar de alojamiento fue ese que mostraron recién en la foto, en principio. No, es que nos sorprendió, sino que simplemente, tenemos que cumplirlo, o sea, fue un cimbronazo también. Bueno, la orden es que se alojen a los tres detenidos, vayan a buscar. Y en principio fue la orden que se recibió de la Justicia. Se alojaron en la Unidad 1, que es lo que se hizo, y después bueno, se gestionó el traslado a lo que se consideraba un lugar más adecuado, más seguro… que más allá que están en el mismo ala, hay delincuentes con varios años de condena. Pero, desde nuestro punto de vista estaban seguros, no corrían ningún riesgo. Pero, hoy están en otro sector con mayor seguridad.
-Y además ellos se pueden cocinar. Báez es quien tiene la situación de salud que necesita elaborar su comida.
-No está mal. Lo pueden hacer. En realidad, el servicio no es un contratiempo, es algo especial, porque merece una atención especial. Para la gente del servicio es un exgobernador condenado.
-Pero, no es un preso más.
-No es un preso común. Es un exgobernador que gobernó la provincia durante 8 años, fue embajador en Israel. Y está este proceso que terminan condenados los 3: él, Báez y Aguilera. Entonces, el personal del servicio tiene una ley de gestión de los internos. Es un tratamiento especial que se le da. Pero, especial en el sentido por las personalidades. Para el servicio (penitenciario) son personas que están condenadas y encima avalada por la Corte Suprema. Entonces, no queda otra que dar cumplimiento a lo dispuesto por la Justicia. Es lo que se está haciendo ahora, más allá de las condiciones personales de un exgobernador. Creo que es un caso único en la Argentina.
-Comienza el nuevo régimen penal juvenil. Estamos hablando de menores de 14 años. ¿Hay un servicio penitenciario capacitado para recibir tantos menores de 14 años? ¿Están trabajando en la capacitación?
– ¡No! El servicio no está preparado hoy por hoy. Estamos trabajando de qué manera vamos a dar una respuesta. Hemos tenido reuniones con el defensor oficial, Maximiliano Benítez, con el Procurador General y con miembros del Superior Tribunal. Es una preocupación dónde alojarlos, cómo tratarlos. La ley da mensajes claros cómo se deben tratar a los menores de 14 a 16 años, que no deben estar con otros internos mayores. El cuidado es diferente. No pueden estar al cuidado del personal del servicio penitenciario. Los integrantes, los funcionarios del Servicio Penitenciario están preparados para una atención especial a delincuentes mayores, no de menores. En el menor está el Copnaf. Entonces, lo que estuvimos reunidos -el gobernador también tiene preocupación-, estamos preparando gente para eso, un lugar de alojamiento. Espero que no tengamos que alojar menores de 14 a 16. Pero, la ley está.
-Ese lugar de alojamiento, ¿dónde sería y para cuántos sería?
-Estuvimos analizando las estadísticas que tiene la provincia y no hay muchos antecedentes de menores. Incluso, apunta a menores con delitos graves. Los delitos menores tienen otro tratamiento, Entonces, hablamos con el doctor Benítez y no tenemos muchos antecedentes de menores de 14 a 16 años. De mayores de 16 sí hay antecedentes. Pero, de 14 a 16 en nuestra provincia no tenemos muchos antecedentes.
– ¿No tiene un número usted?
-No: De hecho, no hay. Lo que no quita que puede ocurrir algún hecho. Lo que vamos a hacer, lo que estamos pensando y se está en tratamiento ahora, es preparar un lugar adecuado. dentro del Copnaf que son especialistas para tratar menores.
– ¿Pero tienen un lugar?
-No. Lo estamos preparando para chicos, para mujeres y para menores varones. Pero, pensando en dos o tres casos. Tenemos un lugar dentro del Copnaf donde vamos a hacer una edificación. Se requiere de una edificación especial, no como una unidad carcelaria. Por supuesto, con medidas de seguridad, pero con celadores especiales, personas especiales con los cuales los van a educar. Hay obligación que estudien, hay muchos requisitos dentro de la ley y el Servicio Penitenciario va a brindar la seguridad externa. Pero, no va a tener contacto con los menores. Ellos no son especialistas para trabajar con menores. Esa es la idea de trabajo.
– ¿Cómo está la cuestión de la salud mental en el personal policial y penitenciario? ¿Cuánto están trabajando en ese sentido?
-Es permanente. La verdad que hoy por hoy el tema de la salud mental es un problema, no solamente nuestro sino en general de las provincias, de toda la Argentina. Y la Policía y el Servicio Penitenciario… hemos tenido hechos, lamentablemente. Pero, va de la mano de la cantidad de suicidios que tenemos, que son muchísimos.
-Y de la realidad social que se vive, económica, familiar… hay situaciones…
-La mayoría de los casos que tuvimos de la Policía analizados fueron por problemas personales de parejas, divorcios, infidelidades, todo gira en ese orden. Es un solo caso que podemos pensar un tema laboral, pero porque se analizan los casos. Tenemos un equipo permanente trabajando en toda la provincia: tenemos un psicólogo en cada Departamental que está permanentemente atento a estas cuestiones. Hay un tema, el Policía que tiene un problema de salud mental muchas veces no lo quiere decir. Entonces. estamos insistiendo con su entorno, su familia, sus amigos, que hablen, que hablen. No lo vamos a estigmatizar por eso. Porque hoy, con el giro social, cualquiera puede tener un problema mental, un problema de salud mental. O de consumo de drogas, que es lo que comúnmente pasa. Entonces, a esa persona hay que ayudarla, sacarla de ese hundimiento que tiene. y ayudarlo a que salga del estado depresivo.
-Ya que usted menciona lo del consumo. ¿Siguen los controles de alcoholemia y toxicológicos en dependencias policiales?
-Se hace en forma aleatoria y a los cadetes también, a los aspirantes agentes también. Nos hemos encontrado con algunas sorpresas. Hoy, muchos chicos banalizan el consumo de consumir un porro de marihuana, unas pastillas de éxtasis. Y los aspirantes a la Policía no son ajenos a esa situación. Hemos tenido aspirante a cadete, a oficial y aspirante a agente. No se los echa, se los trata. Porque, en realidad, no son delincuentes. Pueden ser buenos chicos, pero a lo mejor eligieron o se equivocaron al salir a bailar y compartieron sustancias. Pero, sí es una sola oportunidad que se les da: o te curas y no consumís más. Y se le hace un control y se lo sigue y vuelve a su carrera. Igualmente, al personal policial también. Ahora, si esa persona es controlada diariamente y de repente se hacen análisis sorpresas. Se le saca sangre, se analiza la orina para ver si está sano. Donde aparece nuevamente sustancias, ahí sí es exonerado de la función, porque desde mi punto de vista, un policía que usa un uniforme y tiene un arma en la cintura, no puede consumir drogas, tampoco puede consumir alcohol estando de servicio. ¡Pero, hay casos! Tenemos el equipo de asuntos internos que está permanentemente controlando que esto no ocurra, que se controla permanentemente y los controles son aleatorios.
– ¿Esos controles determinaron sanción o exclusión de la Fuerza?
-Hay dos casos donde hay sumarios administrativos de exoneración. Pero, justamente, por la reiterancia del consumo. Otros reconocieron el error, reconocieron que fue una salida social y se mantuvieron sanos. Entonces, continúan con la carrera. ¿Por qué los vamos a echar? Porque hay que entender la situación. Ahora si es reiterativo, no. Pero, hay dos casos que están en trámite, son administrativos que van a ser exonerados. El control debe ser permanente, como insisto: es un funcionario que tiene un arma en su cintura y las drogas, ustedes saben que justamente genera ese impulso que nadie lo puede controlar y que puede desencadenar cualquier situación violenta y no podemos permitirlo en un policía que tiene un arma.
Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) emitido el miércoles 30 de septiembre de 2026
