La cúpula de la Iglesia católica en Córdoba tomó una postura clara frente a la grave crisis que sacude al jardín de infantes parroquial de Villa Carlos Paz. El cardenal Ángel Sixto Rossi, máxima autoridad del arzobispado local, ratificó la decisión del sacerdote Alejandro Nicola de alejarse temporalmente de sus funciones en el establecimiento educativo “Niño Dios”. La medida llegó en un momento de extrema tensión, luego de que salieran a la luz múltiples denuncias por presuntos abusos sexuales contra alumnos de la institución.
A través de un comunicado oficial, el arzobispo apoyó la determinación de Nicola de tomar distancia del ámbito escolar mientras avanza la investigación en los tribunales. Desde la institución eclesiástica definieron el escenario actual como una “dolorosa situación” y manifestaron que la difusión del escrito buscó colaborar con el esclarecimiento de los hechos, bajo el deseo expreso de alcanzar pronto la verdad real.
Un año de reclamos y causas unificadas
La tormenta judicial comenzó en mayo del año pasado. En aquel momento, la madre de una alumna encendió las alarmas al constatar lesiones de gravedad en su hija tras regresar de clases, lo que motivó la primera denuncia penal en la Fiscalía de Instrucción Número 3 de Villa Carlos Paz, a cargo de Jorgelina Gómez. Con el paso de los meses, el horror sumó nuevos capítulos: otras familias del mismo colegio detectaron conductas similares en sus hijos y acudieron a la Justicia.
Actualmente existen cuatro presentaciones formales unificadas en un mismo expediente por disposición de la Fiscalía General, debido a que los relatos infantiles mostraron un idéntico patrón de conducta dentro del jardín. Incluso trascendió la posibilidad de un quinto caso que todavía no ingresó formalmente al sistema judicial. Las abogadas de las familias querellantes remarcaron que el acusado ya cuenta con antecedentes por privación ilegítima de la libertad contra una expareja y que además enfrenta otra investigación por supuesta falsificación y venta de licencias de conducir en su rol como empleado municipal de la capital cordobesa.
La falta de imputados profundiza el malestar
A pesar del tiempo transcurrido y de las severas acusaciones, la causa todavía no registra imputaciones ni detenciones. Esta parálisis judicial colmó la paciencia de la comunidad. Hace pocos días, familiares, vecinos y organizaciones sociales marcharon por el centro de la ciudad turística bajo consignas que exigieron la protección de las infancias. Un fuerte operativo policial impidió que la movilización llegara a las puertas del colegio.
Las madres denunciantes expresaron su profundo malestar con la fiscal Gómez, quien suspendió las pericias psicológicas y las declaraciones testimoniales pendientes con el argumento de que necesitaba tiempo para revisar el expediente unificado. Para las familias, esta explicación significó una nueva traba en un proceso que ya lleva doce meses de marchas y contramarchas, donde los niños ya señalaron al sospechoso en fotos pero las respuestas institucionales siguen sin aparecer.
