El Gobierno analiza cambios en Inocencia Fiscal II para limitar beneficios a funcionarios públicos y conseguir los apoyos necesarios para avanzar en Diputados.
El Gobierno nacional negocia cambios en el proyecto de Inocencia Fiscal II para impedir que funcionarios públicos accedan a algunos de los principales beneficios contemplados en la iniciativa. La modificación surgió durante las conversaciones con bloques aliados, cuyos votos serán necesarios para avanzar con el dictamen en la Cámara de Diputados.
La propuesta en análisis permitiría que los funcionarios utilicen el esquema simplificado para cumplir con sus obligaciones tributarias. Sin embargo, quedarían excluidos de las presunciones y los efectos liberatorios establecidos en el proyecto.
De esta manera, el oficialismo busca establecer una diferencia entre los contribuyentes en general y aquellas personas que ejerzan o hayan ejercido determinadas funciones públicas. La modificación apunta a destrabar las negociaciones parlamentarias y ampliar los respaldos a la iniciativa.
Las modificaciones que negocia el Gobierno
El proyecto original de Inocencia Fiscal II no establecía una exclusión específica para funcionarios públicos. Sin embargo, este punto adquirió mayor peso durante las conversaciones desarrolladas con los sectores dialoguistas de la Cámara baja.
Las modificaciones son analizadas en las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, donde el oficialismo trabaja para reunir los votos necesarios antes de llevar el proyecto al recinto.
Uno de los aspectos que permanece en discusión es qué ocurrirá con quienes hayan ocupado cargos públicos durante los últimos años. La alternativa estudiada contempla restricciones específicas para evitar que determinados mecanismos del régimen puedan utilizarse para justificar o exteriorizar fondos que no hubieran sido declarados previamente.
El objetivo de Inocencia Fiscal II
El proyecto forma parte de la estrategia oficial para modificar el esquema de fiscalización del Impuesto a las Ganancias y facilitar que ahorros actualmente fuera del sistema puedan incorporarse al circuito formal.
El debate sobre las restricciones cobró relevancia después de los cuestionamientos surgidos por la incorporación del exjefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, al régimen simplificado de Ganancias en junio de 2026, antes de presentar su declaración jurada.
A partir de las objeciones planteadas durante las conversaciones legislativas, el oficialismo comenzó a evaluar una redacción que establezca límites particulares para funcionarios y exfuncionarios.
Negociaciones para conseguir el dictamen
El tratamiento parlamentario quedó condicionado a los acuerdos que el Gobierno pueda alcanzar con los bloques dialoguistas. La exclusión de los funcionarios de los beneficios considerados más sensibles aparece como uno de los principales cambios en estudio.
En paralelo, el oficialismo analiza otros aspectos de Inocencia Fiscal II, entre ellos las condiciones para ingresar al régimen y los mecanismos previstos para regularizar diferencias detectadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Las negociaciones continuarán en Diputados antes de la definición del dictamen y de un eventual tratamiento de la iniciativa en el recinto. (NA)
