Hay acontecimientos y fechas que no deberían quedar atrapados o detenidos en los archivos judiciales ni perderse en la memoria administrativa de una comunidad. Del mismo modo, hay determinados sucesos y experiencias que, por su significado histórico, social y ambiental, merecen convertirse en parte de la identidad colectiva de un pueblo. El 4 de diciembre es una de esas fechas para Diamante, pero también para Entre Ríos.
En 1996, cuando las discusiones ambientales todavía tenían una presencia mucho más limitada en la agenda pública y la protección de la naturaleza no ocupaba el lugar que hoy comienza a conquistar, 17 vecinos de Diamante decidieron dar un paso que marcaría un antes y un después en la historia de la conservación de un territorio de enorme valor ecológico: el entonces Campo Nacional “Coronel Sarmiento”.
No fueron funcionarios de alto rango, ni grandes instituciones, ni estructuras políticas las que impulsaron aquella iniciativa. Fueron ciudadanos que comprendieron que lo que estaba sucediendo con ese espacio natural no podía ser aceptado con indiferencia. Por eso, decidieron organizarse, asumir responsabilidades y recurrir a la Justicia para defender su integridad ambiental.
El 4 de diciembre de 1996 presentaron una acción judicial de amparo ambiental ante el entonces Juzgado de Instrucción de Diamante, en los autos caratulados “Monge, Jorge Daniel y Otros c. Borré, Dante Omar – Acción de Amparo Ambiental”, Expediente Nº 824.
Aquella presentación no fue un trámite más. Según reconoce expresamente la Municipalidad de Diamante, el amparo permitió que no se continuara degradando y depredando el Campo Nacional Coronel Sarmiento, territorio que hoy integra el Parque Nacional Pre-Delta, uno de los dos Parques Nacionales existentes en Entre Ríos.
Treinta años después, ANÁLISIS trae al presente la dimensión de aquella decisión porque hoy adquiere una perspectiva histórica extraordinaria.
Tres abogados y una convicción: el ambiente también es un derecho colectivo
En el corazón de aquella acción estuvieron tres profesionales del derecho: Jorge Oscar Daneri, Estela Méndez Castells y Pablo José Franco, abogados patrocinantes de los vecinos.
Su participación merece un reconocimiento especial. Porque detrás de cada acción judicial que busca proteger un bien colectivo existe una tarea profesional que va mucho más allá de la presentación de escritos, la interpretación de normas o el cumplimiento de procedimientos.
En este caso, significó poner el conocimiento jurídico al servicio de una causa que trascendía los intereses individuales. Significó acompañar a ciudadanos que habían decidido involucrarse en la defensa de un patrimonio natural y ofrecerles una herramienta institucional para hacer escuchar sus reclamos.
La historia ambiental está atravesada por iniciativas de este tipo: ciudadanos que, frente a situaciones de deterioro de los bienes comunes, frente a la desigualdad de armas para interceder en las decisiones públicas, encuentran en el Derecho una posibilidad de intervención y transformación.
Los abogados Daneri, Méndez Castells y Franco forman parte de esa memoria. Su patrocinio profesional permitió encauzar una preocupación colectiva hacia una acción concreta ante la Justicia.
En ese gesto -que también fue una gesta- hay una enseñanza que permanece vigente: el Derecho Ambiental no puede limitarse a ser un conjunto de disposiciones escritas. Necesita profesionales dispuestos a interpretarlo, defenderlo y hacerlo valer cuando están comprometidos los ecosistemas y los derechos de la comunidad. Y necesita, fundamentalmente, ciudadanos que estén dispuestos a ejercerlo.
Los vecinos que transformaron la preocupación en compromiso
La Ordenanza número 1910 recupera los nombres de quienes protagonizaron aquella iniciativa y dispone la entrega de testimonios de reconocimiento a los firmantes de la acción judicial.
Entre ellos se encuentran Víctor Hugo Acosta, Miguel Ángel Benítez, Raúl Ercilio Bergamaschi, María del Rosario Crick, Aldo Héctor Gerosa, Luis Gabriel Grancelli, Rubén Antonio Maneiro, Adriana Silvia Mazzola, Oscar Rubén Montero, Jorge Daniel Monge, Estela Cecilia Muñoz, María Alicia Raquel Santa Cruz, Julio César Ramón Trachitte, María Teresa Julia Trachitte y José Ruperto Zubielqui.
También se dispone el reconocimiento a los familiares de Irima Zulema Muñoz y Alida Leonor Palomeque, incorporando a la memoria de esta conmemoración a quienes ya no están.
Cada nombre representa una parte de una historia colectiva. No se trata solamente de recordar quiénes firmaron una presentación judicial hace tres décadas. Se trata de reconocer una decisión ciudadana: no permanecer indiferentes frente al deterioro de un espacio natural que pertenecía al patrimonio de todos.
Aquellos vecinos entendieron algo que hoy parece evidente, pero que entonces requería una importante dosis de compromiso y determinación: los bienes ambientales no son una cuestión secundaria, ni pueden quedar subordinados exclusivamente a decisiones circunstanciales o intereses particulares. Son, además, bienes sociales.
Por eso, la defensa del ambiente es también una forma de defender la calidad de vida, la identidad territorial y los derechos de las generaciones futuras.
Una trama colectiva: el aporte de otros protagonistas
La historia tampoco estaría completa sin reconocer a quienes contribuyeron desde otros ámbitos. La Ordenanza incluye al escribano actuante, José Luis Brumatti, cuya intervención profesional formó parte de aquella construcción documental; al fotógrafo-camarógrafo Carlos Enrique Vieyra, responsable de un aporte que adquiere especial significado cuando se trata de preservar testimonios de acontecimientos históricos; y a los guardaparques Jorge Guillermo Ramón Huber y Reinaldo Miguel Zanello.
Su inclusión en el reconocimiento municipal expresa una dimensión importante de aquella experiencia: las causas ambientales no se construyen desde una sola profesión ni dependen exclusivamente de quienes aparecen en los primeros planos. Son diversos, como diversos son los ecosistemas.
Detrás de cada proceso de protección territorial existen conocimientos, registros, acompañamientos y compromisos que, articulados, permiten sostener una acción colectiva. La defensa de la naturaleza requiere abogados, pero también profesionales de distintas disciplinas, trabajadores vinculados al territorio, investigadores, comunicadores y comunidades comprometidas.
Del Campo Nacional Coronel Sarmiento al Parque Nacional Pre-Delta
La historia adquiere una dimensión todavía mayor cuando se observa el territorio que aquella acción contribuyó a proteger. El antiguo Campo Nacional “Coronel Sarmiento” forma hoy parte del Parque Nacional Pre-Delta, un área protegida de enorme relevancia para la conservación de los ambientes del Delta del Paraná.
Sus humedales, islas, cursos de agua, vegetación y fauna integran un sistema natural cuya importancia supera ampliamente los límites de Diamante y de Entre Ríos.
Los Parques Nacionales son mucho más que espacios destinados al turismo o a la contemplación del paisaje. Constituyen instrumentos fundamentales de conservación de la biodiversidad, protección de ecosistemas y preservación de procesos naturales.
Por eso, recordar aquella acción judicial implica también reconocer que la protección de un Parque Nacional no comienza necesariamente con su declaración formal. Muchas veces tiene antecedentes en luchas ciudadanas, advertencias tempranas, iniciativas jurídicas y compromisos comunitarios que impiden que determinados territorios pierdan sus valores naturales.
En ese sentido, la experiencia de Diamante constituye un antecedente de participación ciudadana cuya memoria merece ser transmitida.
Por eso, el pasado 29 de octubre, el Honorable Concejo Deliberante de Diamante sancionó la Ordenanza número 1910, promulgada mediante el Decreto 451/26 del 30 de octubre.
La norma instituyó el 4 de diciembre como “Día Municipal del Ambiente”, precisamente en recuerdo de aquella presentación judicial de 1996. Mientras que la decisión municipal tiene varios componentes que merecen destacarse.
Por un lado, establece el reconocimiento formal a los vecinos, abogados patrocinantes y demás protagonistas de aquella experiencia. Por otro, propone que la fecha sea recordada en los establecimientos educativos de la jurisdicción municipal, promoviendo la transmisión de esta historia a las nuevas generaciones.
También dispone comunicar la iniciativa a la Intendencia del Parque Nacional Pre-Delta y al CONICET Diamante.
Pero, existe un gesto particularmente significativo: cada 4 de diciembre, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá realizar la plantación de un árbol en un espacio público de la ciudad.
La disposición tiene un valor simbólico, pero esencialmente pedagógico. No alcanza con recordar una lucha ambiental: es necesario renovar todos los años el compromiso con la naturaleza mediante una acción concreta.
Plantar un árbol es un gesto sencillo, pero también una poderosa declaración de futuro. Es reconocer que el ambiente no se protege únicamente mirando hacia atrás, sino trabajando en el presente para quienes todavía no han llegado.
La memoria como herramienta para el futuro
A 30 años de aquella presentación judicial -que fue una epopeya- el homenaje no debería agotarse en una ceremonia, una placa o un reconocimiento institucional. Su verdadero sentido estará en la capacidad de Diamante para transmitir esta experiencia como parte de su historia social y ambiental.
Que los estudiantes conozcan quiénes fueron aquellos vecinos. Que sepan qué hicieron Jorge Oscar Daneri, Estela Méndez Castells y Pablo José Franco. Que conozcan la participación de José Luis Brumatti, Carlos Enrique Vieyra, Jorge Guillermo Ramón Huber y Reinaldo Miguel Zanello. Que comprendan por qué el Campo Nacional “Coronel Sarmiento” necesitó de una acción ciudadana para evitar que continuara su degradación.
Y, sobre todo, que entiendan que el ambiente no se defiende solamente desde las instituciones: también se defiende desde la ciudadanía, desde el conocimiento, desde la organización comunitaria y desde la decisión de no mirar hacia otro lado. Se defiende derrotando a la indiferencia.
El 4 de diciembre es, desde ahora, mucho más que una fecha en el calendario municipal de Diamante. Es el reconocimiento a 17 vecinos que decidieron actuar, a tres abogados que pusieron su profesión al servicio de una causa colectiva y a todos aquellos que aportaron su trabajo para que aquella defensa fuera posible.
Es también un reconocimiento a una forma de entender la ciudadanía: aquella que no espera que otros resuelvan los problemas, sino que se organiza, participa y asume responsabilidades.
Porque el Parque Nacional Pre-Delta también guarda, entre sus paisajes, una historia de compromiso ciudadano. Y porque antes de que aquel territorio fuera reconocido como parte de un patrimonio natural protegido, hubo hombres y mujeres de Diamante que comprendieron que había que defenderlo.
El 4 de diciembre, Diamante tiene una razón para recordar y agradecer. Pero, sobre todo, tiene una razón para agradecer y para continuar construyendo un presente y un mañana mejor.
