El Tribunal Federal de Concepción del Uruguay los halló culpables de secuestros, tormentos y persecución a militantes comunistas en 1977. Los fundamentos se conocerán el 18 de junio.
El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay condenó a los exgendarmes Roberto Oscar Caserotto (72) y Néstor Alfredo Gómez del Junco (74) a diez años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
La sentencia incluye además la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y establece que deberán cumplir la pena en una unidad del Servicio Penitenciario Federal en Entre Ríos, una vez que el fallo quede firme.
Los jueces los consideraron coautores de secuestros, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos agravados por persecución política y asociación ilícita.
Un operativo ilegal contra militantes comunistas
Los hechos juzgados ocurrieron el 14 de mayo de 1977, cuando efectivos del Escuadrón Nº 6 de Gendarmería realizaron un operativo en una vivienda de Concepción del Uruguay donde se celebraba un cumpleaños.
En el lugar se encontraban militantes del Partido Comunista junto a sus familias. La fiscal federal Josefina Minatta describió el procedimiento como “ilegal y violento”, y sostuvo que incluyó detenciones arbitrarias, amenazas y el uso de la fuerza.
Durante el operativo fueron detenidas varias personas, entre ellas Roberto Montesino, Carlos Stur, Juan Bautista Echeverría, Eladio Bochatay, Raúl y Jorge Impini, Raúl Jáuregui, Rodolfo Saldarrelli, Mirta Bochatay y Berta Muñoz.
Torturas y detenciones en Gendarmería y la cárcel
Los hombres detenidos fueron trasladados al Escuadrón Nº 6 de Gendarmería y luego a la Unidad Penal N° 4 “Justo José de Urquiza”.
Durante ese período, según se probó en el juicio, fueron sometidos a golpes, amenazas y torturas. Las víctimas recuperaron la libertad el 26 de mayo de 1977. En el caso de Mirta Bochatay, fue llevada primero a la delegación local de la Policía Federal y luego al escuadrón, donde fue interrogada bajo condiciones violentas.
Menores retenidos y amenazas con armas
Uno de los aspectos más graves del caso fue la situación de dos niños que se encontraban en la vivienda durante el operativo. Gabriela y Daniel Montesino, de 4 y 7 años, permanecieron privados de su libertad durante aproximadamente diez días. Además, durante el procedimiento uno de los menores fue amenazado con un arma, según se acreditó en el juicio. Estos hechos fueron considerados agravantes en el contexto de la represión ilegal.
El tribunal también condenó a Gómez del Junco por hechos ocurridos el 28 de enero de 1978. En esa oportunidad, Carlos Stur y Juan Bautista Echeverría fueron secuestrados en el balneario Banco Pelay y trasladados a la llamada Casa de Bernay. Allí, ambos fueron sometidos a severas torturas.
Según testimonios incorporados al juicio, el acusado fue visto con una picana eléctrica durante los interrogatorios. “Fue visto con una picana en la mano mientras se aplicaban los tormentos”, recordó la fiscal Minatta.
Durante el proceso, la fiscal había solicitado una pena de 20 años de prisión para ambos imputados. Sin embargo, el tribunal resolvió, por mayoría, condenarlos a 10 años. Además, se estableció que ambos deberán afrontar las costas del proceso en partes iguales.
Medidas de reparación simbólica
El tribunal ordenó señalizar como sitios de memoria el Escuadrón Nº 6 de Gendarmería, la Unidad Penal N° 4 y la Casa de Bernay, todos vinculados a los hechos investigados. Asimismo, dispuso enviar una copia de la sentencia a la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad local.
La postura de los acusados
Antes de conocerse el veredicto, Gómez del Junco sostuvo su inocencia, mientras que Caserotto negó haber participado en los hechos. “No estuve presente en las circunstancias que se me imputan”, afirmó uno de ellos. Sin embargo, el tribunal consideró acreditada su responsabilidad a partir de las pruebas reunidas.
El juicio oral comenzó el 20 de abril y estuvo a cargo de los jueces Noemí Berros, José María Escobar Cello y Eugenio Martínez Ferrero. La sentencia llega casi cinco décadas después de los hechos, en el marco de los procesos de memoria, verdad y justicia por los crímenes de la dictadura. Los fundamentos completos del fallo se darán a conocer el 18 de junio.
