El sangriento operativo en las favelas de Río de Janeiro, que dejó al menos 130 muertos, es considerado el mayor golpe al Comando Vermelho. Tras la operación, el gobierno brasileño creó una fuerza conjunta para coordinar acciones contra el crimen organizado.
El operativo policial en las favelas de Río de Janeiro, realizado el pasado martes, ha dejado una huella profunda en la lucha contra el crimen organizado en Brasil.
La operación, que se extendió durante varias horas en los complejos de Penha y Alemão, tuvo un saldo devastador de al menos 130 muertos, la mayoría de ellos presuntos integrantes de la organización criminal Comando Vermelho, y cientos de detenidos.
El impacto de este operativo, el más letal de la historia reciente de Río, ha generado tanto elogios como críticas, y ha puesto en evidencia la necesidad urgente de una estrategia más integrada y coordinada para combatir la violencia en la ciudad.
El secretario de la Policía Militar de Río de Janeiro, Marcelo Menezes, detalló que el operativo fue planificado durante dos meses, con un enfoque táctico que incluyó la participación de 2.500 efectivos de diversas fuerzas de seguridad.
Durante la madrugada del miércoles, los vecinos de la favela de Penha trasladaron más de 50 cuerpos hasta la plaza São Lucas para intentar identificarlos. Los cadáveres provenían de la zona de Vacaria, en la Serra da Misericórdia, donde se concentraron los enfrentamientos más violentos entre las fuerzas de seguridad y el CV.
Camionetas llegaban una tras otra al centro de la comunidad, dejando una fila de cuerpos cubiertos con telas o bolsas plásticas. Estas muertes no figuraban en el balance oficial preliminar, lo que elevó el número total de fallecidos a 132.
Las imágenes mostraban un escenario de horror: cuerpos alineados en ropa interior y vecinos intentando reconocer a sus familiares. Testigos afirmaron que muchos cadáveres presentaban signos de tortura, quemaduras y disparos en la nuca, lo que refuerza las denuncias de ejecuciones.
Aunque los bomberos retiraron parte de los cuerpos durante la mañana del miércoles, los residentes advirtieron que aún quedaban otros en la cima de la colina.
La oficina de la ONU para los Derechos Humanos repudió la operación, se declaró horrorizada por las consecuencias y pidió una investigación sobre las más de 100 muertes.
Gran cantidad de fallecidos
La operación estuvo liderada por el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), que estableció un “muro impenetrable” en las zonas boscosas que rodean las favelas de Penha y Alemao, utilizadas por los delincuentes como rutas de escape.
La intervención también incluyó avances desde diferentes frentes, que empujaron a los sospechosos hacia áreas más deshabitadas y de difícil acceso.
“Desplegamos nuestras tropas por todo el terreno, creando una línea de contención que llamamos el Muro del BOPE, que empujó a los delincuentes hacia las zonas altas de la montaña”, explicó Menezes en rueda de prensa.
Esta estrategia, que se alejó de las tácticas tradicionales que mostraban a los delincuentes huyendo hacia la vegetación, fue elogiada por algunos sectores como un ejemplo de coordinación, pero también fue criticada por el alto número de muertes, incluyendo a varios agentes de las fuerzas de seguridad.
El golpe más grande al Comando Vermelho
Felipe Curi, secretario de la Policía Civil de Río, calificó el operativo como “el mayor golpe” que el Comando Vermelho ha sufrido desde su fundación en la década de 1970. La organización criminal, que opera principalmente en la zona norte de Río de Janeiro, ha sido responsable de numerosos actos de violencia y narcotráfico.
La incautación de grandes cantidades de drogas, armas y la captura de varios de sus líderes fue presentada como un éxito significativo en la lucha contra el crimen organizado.
Sin embargo, a pesar de la magnitud de este golpe, la operación dejó una sombra de controversia sobre la postura del gobierno federal. Curi criticó abiertamente la falta de apoyo por parte del presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, quien, según él, no ha reconocido adecuadamente el papel de la policía en este tipo de operativos.
“Hoy en día todo el mundo es víctima, incluso el delincuente. El policía es tratado como villano cuando es el verdadero héroe”, expresó Curi con firmeza durante su intervención.
La creación de una oficina de emergencia
En un intento por consolidar una respuesta coordinada ante la creciente violencia en Río de Janeiro, el gobierno federal y el estatal anunciaron la creación de una nueva oficina dedicada exclusivamente a la lucha contra el crimen organizado.
Este organismo, denominado Oficina de Emergencia de Enfrentamiento al Crimen Organizado, tiene como objetivo coordinar las acciones de diversas fuerzas de seguridad, mejorar el intercambio de inteligencia y fortalecer las capacidades logísticas y operativas en las zonas más afectadas por la violencia.
El ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski, y el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, fueron los encargados de hacer el anuncio durante una rueda de prensa. Según Lewandowski, esta nueva oficina permitirá una mayor integración entre los niveles estatal y federal de seguridad, lo que facilitará la ejecución de operativos más efectivos.
“El objetivo es eliminar barreras entre los diferentes niveles de gobierno y asegurar que todos los recursos y capacidades estén alineados en la lucha contra el crimen organizado”, afirmó el ministro.
La oficina también contará con el apoyo de expertos forenses, peritos criminales y profesionales en áreas como balística y análisis financiero. De acuerdo con el ministro, el gobierno federal ya ha puesto a disposición estos recursos para facilitar las investigaciones relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero, actividades fundamentales que alimentan a las organizaciones criminales.
Una lucha que no cesa
A pesar del alto costo en vidas humanas, las autoridades brasileñas insisten en que este operativo representa un paso importante en la lucha contra el crimen organizado.
El secretario de Seguridad Pública de Río, Victor Cesar Santos, afirmó que la colaboración entre las fuerzas federales y estatales es clave para hacer frente a la magnitud del fenómeno de violencia que afecta a la ciudad.
“La situación en Río de Janeiro es un fenómeno nacional y transnacional, que requiere una respuesta integral y coordinada”, señaló Santos.
Este operativo es un reflejo de la creciente complejidad del problema de la violencia en Río de Janeiro, donde las favelas se han convertido en centros de operaciones para las organizaciones criminales, mientras que el crimen transnacional y la violencia armada continúan expandiéndose por toda la ciudad.
Sin embargo, el gobierno de Brasil está decidido a intensificar las acciones para controlar la situación, y espera que la nueva oficina de emergencia sea clave para lograr avances en los próximos meses.
El gobierno también ha considerado la posibilidad de movilizar a la Fuerza Nacional de Seguridad Pública y aumentar la presencia de la Policía Federal en Río, lo que subraya la gravedad de la crisis. Mientras tanto, las protestas de los vecinos de las favelas, que exigen mayor transparencia y justicia en la gestión de la seguridad, continúan siendo una constante en las calles de la ciudad.
Caos y pánico en Río
El gobernador Castro ordenó reforzar el patrullaje en todo el estado, debido a las esperadas represalias. Las bandas criminales bloquearon calles y rutas de las zonas norte y suroeste, secuestraron seis colectivos y los incendiaron para usarlos como barricadas, obligando a desviar 20 líneas de transporte.
Más de 200.000 personas quedaron afectadas por el cierre de 46 escuelas, cinco centros de salud y la suspensión de clases en universidades. Aunque el Aeropuerto Internacional de Galeão continuó operando, las vías de acceso fueron interrumpidas.
La primera noche después de la operación, las calles quedaron vacías. En zonas concurridas como Copacabana e Ipanema, los negocios bajaron sus persianas, mientras que en Botafogo, uno de los sitios más animados de la ciudad, no circulaban autos ni peatones.
La puja política
En medio de la escalada de violencia, el gobernador Castro, cercano al expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, calificó como exitoso el operativo. “Río está solo en esta guerra”, disparó además en reclamo de apoyo del gobierno federal y de las Fuerzas Armadas para enfrentar a las organizaciones criminales. Según explicó, su solicitud de asistencia con vehículos blindados de la Marina y el Ejército fue rechazada en tres ocasiones, lo que —afirmó— dejó a las fuerzas de seguridad locales en desventaja frente al poder de fuego del narcotráfico.
Sin embargo, en el entorno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva señalaron que Castro intenta responsabilizar a Brasilia por la crisis de seguridad en Río e interpretaron las declaraciones del gobernador como una maniobra política en el año previo a las elecciones. Lula convocó una reunión con sus ministros con el fin de evaluar la situación y definir los próximos pasos ante un conflicto de enorme impacto.
