El Gobierno iniciará la evaluación de 300 institutos de formación docente para garantizar estándares de calidad. Los que no aprueben podrían perder la validez nacional.
El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de un nuevo sistema de acreditación para los Institutos de Formación Docente (IFD), con el objetivo de evaluar su funcionamiento y establecer estándares más exigentes en la formación de futuros maestros. El proceso comenzará con la evaluación de 300 profesorados de los más de 1.300 que existen en todo el país y podría derivar en el cierre de aquellos que no cumplan con los criterios establecidos.
La iniciativa surgió en el marco de las discusiones sobre la crisis educativa que atraviesa Argentina y que, según distintos diagnósticos, también alcanza a las instituciones encargadas de formar a los docentes. En ese contexto, el Gobierno impulsó un mecanismo de evaluación periódica que permita revisar el funcionamiento integral de los institutos y mejorar la calidad de la formación.
Actualmente el país cuenta con más de 1.300 profesorados, lo que equivale a aproximadamente 34 institutos por cada millón de habitantes. Más del 60% de ellos son estatales y dependen de las provincias, que también financian los salarios de sus docentes.
Evaluación y acreditación obligatoria
El nuevo sistema funcionará de manera similar al esquema de evaluación universitaria que aplica la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Sin embargo, en este caso no se evaluarán carreras específicas, sino el funcionamiento general de cada instituto de formación docente.
El proceso incluirá distintas etapas, entre ellas una autoevaluación institucional, una evaluación externa y la elaboración de recomendaciones orientadas a mejorar el funcionamiento de cada institución. La evaluación será coordinada por una Unidad Federal de Evaluación bajo la órbita del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD).
A partir de los resultados, cada instituto podrá recibir una acreditación total por seis años o una acreditación parcial por tres años. En el caso de las acreditaciones parciales, se indicarán las falencias detectadas y las acciones necesarias para corregirlas.
Según se informó, la acreditación parcial no impedirá que los profesorados continúen recibiendo estudiantes. Sin embargo, si no logran superar el proceso de evaluación, podrían perder la validez nacional de las carreras que ofrecen.
Un sistema con plazos definidos
El nuevo mecanismo fue aprobado en 2024 por el Consejo Federal de Educación, que reúne a los ministros del área de todas las provincias. La resolución establece que todos los profesorados del país deberán atravesar un proceso de acreditación cada seis años.
Además, fija como meta que para 2030 todos los institutos de formación docente hayan pasado al menos una vez por el ciclo completo de evaluación.
El plan comenzará este año con 300 institutos: 150 que ingresarán directamente al proceso de acreditación y otros 150 que iniciarán la etapa de autoevaluación institucional.
Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa apunta a mejorar la calidad educativa y a ordenar un sistema que, según distintos especialistas, creció sin una planificación clara en las últimas décadas.
Cambios en la formación docente
La acreditación de los institutos forma parte de un paquete más amplio de medidas impulsadas por la Secretaría de Educación para reformar la formación docente.
Entre ellas se encuentra una actualización de los lineamientos curriculares de las carreras de profesorado, que no se revisaban desde 2007. La reforma introduce cambios en la carga horaria de las carreras y habilita la incorporación de componentes de educación a distancia.
Según explicaron desde el área educativa, el objetivo es adecuar la oferta de formación a las necesidades del sistema escolar obligatorio, especialmente en áreas donde existe escasez de docentes, como ciencias o idiomas.
Además, el Gobierno busca que las provincias optimicen los recursos destinados a la formación docente, en un contexto de restricciones presupuestarias.
Cambios en la capacitación de docentes
El plan oficial también incluye modificaciones en la formación continua de los docentes que ya se encuentran en ejercicio.
Desde el Gobierno señalaron que durante años se impulsaron capacitaciones masivas que, según el diagnóstico oficial, funcionaban como un sistema de acumulación de puntaje docente sin un impacto claro en la mejora de los aprendizajes.
En ese marco, se cancelaron distintos convenios con universidades y organizaciones para la realización de cursos financiados por el Instituto Nacional de Formación Docente.
En reemplazo de ese esquema, la estrategia apunta a desarrollar instancias de capacitación vinculadas a las necesidades concretas de las escuelas y coordinadas con las provincias.
Uno de los ejemplos son los denominados “ateneos didácticos”, espacios de formación vinculados a los planes de alfabetización que se desarrollan en distintas jurisdicciones del país. Allí los docentes participan de encuentros de capacitación relacionados con su práctica cotidiana y reciben una compensación económica por asistir.
Para este año, el programa contará con un presupuesto estimado en 15.000 millones de pesos destinados a financiar capacitadores y cubrir los incentivos para los docentes participantes.
Otras medidas educativas
La evaluación de los institutos docentes se suma a otras iniciativas que el Gobierno impulsa para mejorar el sistema educativo.
Entre ellas se encuentra el Plan Nacional de Alfabetización, puesto en marcha en 2024, que busca fortalecer los aprendizajes en lectura y escritura en todo el país mediante planes elaborados por cada provincia.
En paralelo, el Gobierno prepara un programa similar enfocado en Matemática, que buscará mejorar el desempeño de los estudiantes especialmente en el segundo ciclo de la escuela primaria, indica Clarín.
También se prevé ampliar los operativos de evaluación educativa, incluyendo una nueva prueba nacional para medir los niveles de lectura en tercer grado, que en el futuro podría incorporar también contenidos de Matemática.
Otra de las líneas de acción es la ampliación de la base nacional de datos educativos, que permite seguir las trayectorias escolares de los estudiantes y mejorar la planificación de políticas públicas en el área.
De esta manera, el Gobierno busca avanzar en una estrategia integral que combine evaluación, reformas curriculares y nuevas políticas educativas con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza en el país.
