La balacera sucedida poco después de la medianoche del domingo y el posterior secuestro de 11 armas de fuego y centenares de cartucherías, no es un hecho policial más.
Los disparos estremecieron a los vecinos del barrio Macarone que cada día deben tomar medidas para salir de sus casas y volver de trabajar o de la escuela, y también alarmaron a toda la zona residencial del Parque Urquiza y calle Mitre. A veces, cuando son cinco, 10 o 15 tiros, algunos alcanzan a contarlos. La madrugada del lunes nadie pudo seguir la cuenta de la cantidad de balazos que se efectuaron. En el lugar del hecho, posteriormente, la Policía levantó indicios balísticos de 61 proyectiles en las Cortadas 2 y 23. Pero claramente podrían ser muchos más los disparos de los que no quedaron evidencias.
Todo comenzó a las 2 de la tarde del domingo: plena siesta, con chicos y familias en las veredas y las calles. La versión con mayor consenso acerca de lo sucedido fue una secuencia de tres episodios: primero, un joven golpeó a un adolescente de 17 años; en respuesta, Aaron Gómez, de 20 años, fue a increpar, golpear y amenazar con un arma de fuego al agresor; luego, el suegro de este muchacho, Oscar Leonardo Cuello, de 42 años, conocido como “Cacholo”, salió a reprenderlo a Gómez y a su propio hermano que estaba con este joven, Javier Alberto Cuello, de 45 años. Este Cuello y Gómez estaban armados. Oscar se les acercó pese a la amenaza que significaba esa tensa situación. Gómez le apuntó y Oscar seguía caminando. El joven efectuó un primer disparo al suelo y esto no lo amedrentó a Oscar. Entonces ahí sí le disparó a las piernas. Oscar Cuello cayó al suelo y le volvió a disparar. Terminó internado en el hospital San Martín, fuera de peligro con una fractura de fémur.
Este miércoles a la mañana fue la audiencia de medidas cautelares donde la fiscal Paola Farinó pidió 60 días de prisión preventiva para Gómez y para Javier Cuello por intento de homicidio. El defensor Claudio Berón se opuso: dijo que fue lesiones graves de Godoy y que Cuello no le disparó al hermano. La jueza de Garantías Marina Barbagelata impuso 15 días de prisión preventiva en la Unidad Penal a Gómez y luego 30 días de domiciliaria. Cuello seguirá libre, pero quedó excluido de entrar al barrio Macarone.
Durante toda la tarde y la noche velaron armas y a las 0.30 del lunes comenzó la balacera infernal, que fue una especie medición de fuerzas porque no hubo ningún herido. Había más peligro de que una bala perdida entre por una ventana de una vivienda y lastime a alguna persona que no tenía nada que ver con el conflicto.
Hubo llamados al 911 y llegaron móviles de la comisaría octava donde obviamente se escucharon los balazos por su cercanía. Se informó en ese momento que, al llegar un patrullero, hubo un intercambio de disparos entre policías y algunos de los que estaban en el enfrentamiento armado.
La fiscal Farinó solicitó los allanamientos y el amplio procedimiento policial que hubo en la zona del hecho. En esa ocasión se secuestran dos pistolas: una pistola Bersa calibre .22 LR con cargador y cinco cartuchos, otra pistola calibre 11.25, que estaban descartadas en un techo y en un baldío. Además se halló una importante cantidad de evidencia balística: ocho vainas calibre .22 LR, 15 vainas calibre .380, 52 vainas calibre 9 milímetros, un cartucho 9×19 mm, proyectiles y restos de encamisado deformados. Es decir: más de 60 tiros en pocos minutos descargaron en toda la secuencia de ataques a balazos a las viviendas y en el enfrentamiento con policías.
Un rato más tarde, una vecina dice que habían tirado un bolso en el patio de su casa. Cuando los policías van a ver, se encuentran con nueve armas de fuego más. En total sumaron 11, una cantidad de armas secuestradas muy inusual, solo cuando allanaron una armería en una causa por provisión ilegal de armas y en la famosa causa del robo de armas incautadas de Tribunales, se incautó una cifra superior a esta. Además, había cientos de balas de diversos calibres.
Este miércoles comenzaron las pericias balísticas sobre las armas que arrojarán las relaciones con los indicios levantados en el barrio Macarone este lunes, así como en otros tiroteos en este barrio y en todos de la ciudad de Paraná. Como suele suceder, la comparación arroja esas coincidencias y la certeza de que las armas cambian de manos y de grupos delictivos y se utilizan en diferentes disputas territoriales de la ciudad.
¿Quién es el dueño de ese arsenal? Por el momento no se puede saber porque, según se informó a ANÁLISIS, la vecina vio que una persona arrojó el bolso al patio de su casa, pero ese muchacho dice que se lo dio otro para que lo descarte, este afirma que se lo pasó otro más y así sucesivamente.
¿Qué se sabe hasta ahora sobre la procedencia de las 11 armas incautadas?
Sobre las dos primeras que secuestraron después del tiroteo: una Bersa modelo 62, calibre .22 LR, estaba sin registrar y por lo tanto sin pedido de secuestro; y una Bersa Thunder calibre 45, que tiene la numeración de serie suprimida en el armazón y en la corredera, pero en el interior se encontró la numeración y así se pudo saber que tiene la tenencia de esta arma un hombre del barrio Toma Nueva, monotributista que se dedica al servicio de encomiendas y comidas rápidas. Al parecer, no denunció el extravío o robo del arma porque no tenía pedido de secuestro.
Sobre las armas encontradas en el bolso:
-Una pistola Bersa TPR9 9 milímetros, sin registro y sin pedido de secuestro.
-Un revólver Orbea 38, sin registro público.
-Una pistola Bersa Thunder Pro, calibre 9 mm., cuyo titular es Pablo Ricardo Zapata, un hombre de San Benito, con Credencial de Legítimo Usuario vencida. Este hombre era agente penitenciario y fue cesanteado por el Gobierno en 2022, luego de un sumario administrativo del Servicio Penitenciario donde lo encontraron “administrativamente responsable en virtud de haber ofrecido en venta vía mensajes de texto y de audio de la aplicación WhatsApp, al interno penado Mildenberger, Javier Ricardo Antonio, distintos teléfonos celulares, habiendo efectivamente vendido uno de ellos a ese interno, como así también el hecho de mantener contacto estrecho y frecuente con el mismo, a la vez de haber tenido constancia de la tenencia por parte de ese interno de un teléfono celular dentro de la Unidad Penal y no haber denunciado tal situación”. La pistola tampoco tenía pedido de secuestro.
-Una pistola Bersa Thunder Pro, calibre 9 mm,, con número de serie registrada en la Policía de Santa Fe, con pedido de secuestro vigente del 17 de diciembre de 2025.
-Una pistola calibre 11.25, con numeración a la vista, pero sin pedido de secuestro.
-Una pistola Bersa 83, calibre 380, a nombre de una mujer de Villa Deboto, en Buenos Aires, denunciada y con pedido de secuestro.
-Una pistola Bersa 380 plus, registrada a nombre de Lautaro Damián Villanueva. ¿Quién es este hombre? Uno de los dos condenados la semana pasada en la causa por el circuito de provisión de armas de fuego de bandas delictivas de Paraná a través de testaferros. Villanueva fue sentenciado a siete años de prisión efectiva por la jueza Carolina Castagno como uno de los prestanombres que iban a la armería a comprar pistolas que en seguida hacían el pasamanos a las bandas que se tiroteaban en la zona del barrio Mosconi. El fiscal Laureano Dato que investigó ese caso había pedido nueve años por el delito de provisión ilegal de armas de fuego agravada por habitualidad. También fue condenado Jonathan Emmanuel Duarte a cinco años y seis meses. En el adelanto del veredicto, se absolvió de culpa y cargo al dueño de la Armería Paraná, Martín Andrés Mocciaro, quien para la Justicia no cometió delito al venderle todas las armas a estas personas.
Aunque la investigación se centra en el ataque a tiros contra Cuello, en la balacera y en e hallazgo de las armas de fuego, todos los vecinos del barrio consultados afirman que el conflicto se trata de una disputa territorial por la droga. Algunas personas allegadas a los involucrados tienen causas por narcomenudeo. Y, más allá de lo que originó ese episodio con un herido de bala, por lo general no hay quien almacene una decena de armas de guerra por protección ante conflictos de convivencia barrial. Suele suceder con quienes están en el narcotráfico.
