Alejandro Almada, excuñado de Juan Pablo Aguilera e imputado en la causa Contratos por los contratos apócrifos de la Legislatura entrerriana, fue trasladado esta madrugada desde la sede de Gendarmería Nacional de Puerto Iguazú, en Misiones, hasta Paraná. El operativo estuvo a cargo de personal de la Policía de Entre Ríos, que retiró a Almada a las 7 de la mañana y arribó a la capital provincial aproximadamente a las 17 para quedar detenido en la Alcaidía.
Almada, de 41 años, se había presentado por su cuenta en la delegación de Gendarmería tras enterarse de que la jueza de Garantías Marina Barbagelata había ordenado su detención, luego de constatarse que incumplía la prohibición judicial de salir de Paraná sin autorización. La audiencia en la que se debía definir si continúa detenido bajo prisión preventiva estaba prevista para este [día], pero fue reprogramada para mañana por disposición de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA).
Una restricción incumplida durante años
Almada está imputado en la causa desde 2018 y, tras permanecer detenido unas semanas a fines de ese año, la Justicia le impuso la prohibición de abandonar Paraná sin autorización judicial, una restricción que fue ratificada en distintas instancias posteriores. Pese a esa limitación —que, según trascendió, nunca fue comunicada al Ministerio Público Fiscal como correspondía cada vez que la incumplía—, Almada residió durante años entre Puerto Iguazú y la vecina ciudad brasileña de Foz do Iguazú, en la Triple Frontera, pese a mantener fijado su domicilio legal en la capital entrerriana.
Las inversiones que motivaron su detención
Según pudo reconstruir ANÁLISIS en una investigación de varios meses, Almada montó junto a su pareja, Micaela Agostina Banegas, distintos negocios y sociedades en la zona de la Triple Frontera, entre ellos un bar con exhibición de autos de colección —el V8 Garagem Bar, sobre la avenida Das Cataratas, en Foz do Iguazú, inaugurado a fines de 2023, con servicio de lavadero de vehículos y eventos—. La firma figura a nombre de Banegas, quien además integra otras dos sociedades: Herma Holding Ltda., junto a su hermano Tomás Valentín Banegas, y Vivra Travel Agencia de Viajes Ltda., esta última con una socia brasileña, aunque sin actividad comercial visible en el domicilio declarado.
El problema de fondo es que los bienes de Almada permanecen inhibidos por la Justicia desde una resolución de abril de 2019, que alcanzó a más de 20 personas vinculadas a la causa y que en su momento congeló, entre otros activos, un inmueble en Estancia Grande, un Ford Focus, cuotapartes de la firma NEXT S.R.L. y bienes de la propia Banegas en La Picada. En diciembre pasado, además, se había ordenado la reinscripción de esas inhibiciones. Para la Fiscalía, si se confirma que Almada realizó inversiones pese a esa inhibición patrimonial, el cuadro podría agravarse hacia una maniobra de lavado de activos, delito de competencia federal.
El rol de Almada en la causa Contratos
La causa Contratos investiga el armado de un sistema de contratos apócrifos dentro de la Legislatura de Entre Ríos, que habría funcionado entre 2008 y 2018 para sustraer fondos públicos. El expediente reúne a 32 imputados, entre ellos Juan Pablo Aguilera —cuñado del expresidiario y expresidente provincial Sergio Urribarri—, quien se desempeñaba como asesor en el bloque justicialista del Senado, señalado por la Fiscalía como cabecilla de la banda.
Almada, cuñado de Aguilera, ingresó como empleado administrativo en la Cámara de Diputados mientras Aguilera operaba en el Senado, y ambos son señalados por la investigación como recaudadores del esquema. Según la acusación fiscal, la maniobra se sostuvo a través de empresas como TEP y NEXT S.R.L., formalmente en cabeza de terceros —entre ellos la propia esposa de Aguilera, Luciana Almada, hermana de Alejandro— pero que, según el Ministerio Público Fiscal, respondían en los hechos al propio Aguilera.
En el juicio, la Fiscalía solicitó una pena de 10 años de prisión para Alejandro Almada. Durante su declaración en el debate, Almada rechazó haber actuado como testaferro de su cuñado: “yo no soy el testaferro de Juan Pablo Aguilera”, sostuvo, y remarcó que su vínculo con las firmas cuestionadas se limitaba a su propio emprendimiento, una librería. También cuestionó que se lo hubiera vinculado con un episodio de 2018 en el que la Policía Federal interceptó en la ruta 12 el Ford Focus en el que viajaba junto a Banegas, y en el que se secuestró una caja con $371.400 —unos USD 20.000 de la época— por su origen no esclarecido. Para los investigadores, ese hallazgo coincidió con anotaciones de un cuaderno secuestrado al también imputado Hugo Mena, donde figuraban entregas de dinero a Almada en su rol de recaudador.
Con el traslado ya concretado, la expectativa ahora está puesta en la audiencia de mañana, en la que se definirá si Almada continúa detenido bajo prisión preventiva hasta la instancia de juicio, que todavía no tiene fecha.
