El traslado desde la cárcel de Paraná hasta la unidad penal de Gualeguaychú se produjo en la madrugada de este viernes. El ex gobernador cumplirá el resto de su condena a más de 8 años de prisión por corrupción.
El exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, cuñado del Urribarri, fueron trasladados en la madrugada de este viernes desde la Unidad Penal N° 1 de Paraná hasta la Unidad Penal Nº 9 “El Potrero”, de Gualeguaychú, para seguir cumpliendo las condenas por corrupción.
El movimiento se concretó con custodia del Servicio Penitenciario provincial. Salieron a las 4.30 de la madrugada e ingresaron a las 8.16 a la cárcel del sur entrerriano.
El traslado se produce después de que los tres condenados fueran detenidos hace algunos días, tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al recurso extraordinario presentado por la defensa de Urribarri, lo que dejó firme la sentencia dictada en 2022. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisible el planteo, lo que habilitó al Ministerio Público Fiscal a solicitar la inmediata detención de los tres condenados y su alojamiento en la Unidad Penal N° 1 de la capital provincial, paso previo al traslado definitivo concretado esta madrugada.
La condena original data del 7 de abril de 2022, cuando el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná halló a Urribarri culpable de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado, y le impuso una pena de ocho años de prisión junto con la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. En el mismo proceso fueron condenados Pedro Báez, a seis años y seis meses de prisión, y Juan Pablo Aguilera, con una pena equivalente.
Según la investigación, que se desarrolló entre el 27 de septiembre de 2021 y el 7 de abril de 2022 y reunió a 13 imputados, Urribarri direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial con fines particulares, en maniobras que beneficiaron a Aguilera, señalado como responsable de un esquema de testaferros y cartelización destinado a captar fondos de la pauta oficial en vía pública. La acusación comprendió cinco hechos principales, entre ellos el otorgamiento de pauta estatal a la empresa Global Means antes de que tuviera existencia efectiva formal, el manejo durante cinco años del negocio de cartelería oficial a través de las firmas Tep SRL y Next SRL, y la denominada megacausa del “Sueño Entrerriano”.
El expediente completo, según se reconstruyó en su momento, se nutrió en gran medida de la abultada información hallada en un disco extraíble encontrado de modo fortuito durante uno de los allanamientos practicados en la causa, que terminó de sostener buena parte de la acusación del Ministerio Público Fiscal, menciona Análisis.
