El director de Comedores de Entre Ríos, Lautaro Azzalini, afirmó que más allá de la suerte que tenga el amparo colectivo para frenar la implementación del nuevo sistema de comedores escolares, la decisión política es avanzar con las transformaciones.
El remedio judicial fue presentado por un grupo de padres de alumnos que asisten a comedores escolares, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la ONG ecologista Fundación Cauce, que buscan trabar la puesta en marcha de un sistema de compra centralizada de insumos, adjudicada a la firma Teknofook.
Mediante la Licitación Pública N° 02/26, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, el Poder Ejecutivo adjudicó la provisión de insumos para comedores a la firma Teknofood SA, mediante la compra centralizada y ya no con el giro de fondos a los directores de escuela, un mecanismo que se pensó permitirá “ajustar la provisión a la matrícula y asistencia escolar concreta de cada período, evitando compras excesivas o subejecuciones, dotando de flexibilidad y eficiencia al gasto público, garantizando la continuidad del servicio alimentario y asegurando que el Estado sólo erogue por las prestaciones realmente requeridas”.
El decreto de adjudicación N° 1.983/2026 fijó el importe total general de la oferta adjudicada, calculado de acuerdo con las cantidades máximas estimadas para los ciclos lectivos 2026 y 2027: $101.726.784.000. Aunque el decreto de llamado N° 852/2026 estimó una inversión de $42.669.617.445. Y el precio unitario adjudicado es de $1.600 por ración de alimento De acuerdo con el importe total general ($101.726.784.000) y el precio unitario por ración ($1.600), las cantidades máximas estimadas para ambos ciclos lectivos (2026 y 2027) ascienden a aproximadamente 63.579.240 raciones.
De momento, el Gobierno debió mantener el sistema actual de giro de fondos a los directivos de escuela para la compra de insumos. “Seguimos de la misma manera, sin cambios por ahora”, aseveró Azzalini en declaraciones al programa Puro Cuento (Radio Plaza 94.7).
“Pero entendemos que este sistema no es justo porque no logramos, por lo menos en los desayunos y las meriendas de la de las escuelas, lograr algo homogéneo que nos satisfaga y, sobre todo, que garantice calidad a los chicos. Eso es lo central, porque el tema de las irregularidades, que es importante superar, queda en un segundo plano. Hay que decir que el actual sistema permite que se puedan dar irregularidades. Nuestra intención fue licitar para que el servicio sea homogéneo y que garanticemos que todos los chicos de las escuelas de la provincia estén desayunando, merendando leche con alguna ración, que eso hoy no se consigue”, explicó.
Agregó que “lo más importante es garantizar un piso de igualdad para todos los chicos. No puede haber chicos de primera, que desayunen leche con una banana y tostada con queso, y chicos que no desayunen o que dependen del buen humor del responsable del servicio en ese momento, que por algún motivo lo suspende, o chicos que desayunan pan con agua, o chicos que desayunan un matecocido con una galleta. Ese es el objetivo de este cambio. No es un sistema nuevo, ya funciona en casi todas las provincias, con sus particularidades y con sus formas. Hoy, además, el actual sistema no nos garantiza que realmente los fondos lleguen a los chicos”.
La Provincia invierte más de $100 millones en este sistema. La logística se lleva “un 30%, que es más o menos lo que pagan otras provincias. El costo logístico es inevitable”.
“La decisión es cambiar este sistema. Nuestra idea es cambiar el sistema, ir a un sistema de compras centralizado que garantice un montón de beneficios. Si la Justicia hace lugar al amparo, volveremos a hacer la licitación para implementar este sistema nuevo. No me cierro al debate ni me cierro a los aportes. Pero partimos de una idea equivocada si pensamos que hoy se está sirviendo fruta o productos elaborados. Acá lo que se dio es la decisión de cambiar esto”, subrayó.
En relación a si genera algún costo para la provincia el hecho de que Teknofood, que ganó una licitación, no pueda comenzar a operar, el funcionario entendió que sí. “Y entiendo que pueden hacer un reclamo porque ya alquilaron un galpón y han contratado personas para brindar un servicio que no se da”. “La decisión política es cambiar”, afirmó.
