El juez Rafael Cotorruelo condenó a dos trabajadores sel Ministerio de Salud de Entre Ríos por estafar al Estado con viáticos falsos por más de $2,5 millones.
El juez Rafael Cotorruelo, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones N° 8 de Paraná, dictó sentencia condenatoria contra dos empleados del Ministerio de Salud de Entre Ríos, quienes reconocieron haber cometido un fraude en perjuicio del Estado de Entre Ríos mediante la tramitación fraudulenta de viáticos. La investigación reveló un esquema sistemático de falsificación de documentación y rendiciones irregulares entre enero y septiembre de 2023. El perjuicio al erario público se calculó en $2.535.841,03.
Julio Luciano Cerbin (38) y Matías Fabián Miranda (40) fueron condenados como autores del delito de estafa en perjuicio de la administración pública, tras admitir su responsabilidad. Ambos recibieron una pena de dos años de prisión de ejecución condicional, junto con la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia fue en el marco de un juicio abreviado alcanzado con la Fiscalía en junio y a cuyo contenido accedió UNO. La resolución también fue publicada en el Boletín Oficial de este 14 de agosto.
Además, deberán cumplir por el plazo de dos años una serie de reglas de conducta: fijar domicilio y no mudarse sin autorización judicial, abstenerse de cualquier acto de hostigamiento hacia testigos del caso y realizar trabajos no remunerados en instituciones designadas, por un total de 96 horas anuales.
Miranda era agente del escalafón general, carrera técnica tramo A categoría 6, y se desempeñaba como chofer en el Departamento Prensa y Difusión dependiente de la Dirección de Relaciones Institucionales y Comunicación de la cartera sanitaria. En tanto, Cerbin era empleado administrativo de la División Viáticos.
Además, deberán cumplir por el plazo de dos años una serie de reglas de conducta: fijar domicilio y no mudarse sin autorización judicial, abstenerse de cualquier acto de hostigamiento hacia testigos del caso y realizar trabajos no remunerados en instituciones designadas, por un total de 96 horas anuales.
Miranda era agente del escalafón general, carrera técnica tramo A categoría 6, y se desempeñaba como chofer en el Departamento Prensa y Difusión dependiente de la Dirección de Relaciones Institucionales y Comunicación de la cartera sanitaria. En tanto, Cerbin era empleado administrativo de la División Viáticos.
Testigos y pericia caligráfica
En la causa declararon como testigos varios funcionarios de Salud, que dieron cuenta sobre el accionar irregular de los ahora condenados. Por caso, el Director de Administración, Exequiel Simiand, con más de dos décadas en funciones, dejó en claro que Cerbin tenía acceso directo al circuito administrativo de los viáticos, y que las irregularidades detectadas surgieron a partir de controles rutinarios en Tesorería, donde se evidenció la repetición de sellos y documentación sospechosa. Este señalamiento fue clave para avanzar con peritajes técnicos y declaraciones complementarias. Señaló que a raíz de los controles posteriores en Tesorería en el que se controlan los comprobantes y marcaciones para ver si están completos, fue donde se detectaron que los viajes, comisión, comprobantes, tenían el mismo sello, entre otras irregularidades.
Por su parte, Mirian Rosana Montero, coordinadora de relaciones institucionales del Ministerio de Salud, desconoció numerosas firmas y sellos en solicitudes de viáticos donde figuraba su nombre. Según la resolución a la que accedió UNO, también contó que “tuvieron reunión con Cerbin y Miranda, en la que este último se hizo responsable y pidió perdón”. Respecto a Cerbin indicó que “este reconoció que falsificaba las firmas, y que los sellos los usaba él”.
El juez también valoró el expediente N° 2946718 que aportó el Ministerio de Salud, en el cual informó que la capacidad de carga del vehículo oficial Renault Fluence, dominio LAG 476, es de 60 litros. Ese dato se contrastó con los tickets de carga de combustibles presentados en la rendición de los que surgió que “eran por una cantidad superior, de 75 u 80 litros”.
Otra prueba contundente fue un estudio realizado por el perito Héctor Peralta, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia, confirmó la falsificación de firmas y coincidencias caligráficas con los acusados, lo que permitió establecer con certeza la autoría.
